La regulación de las prácticas agronómicas, o mejor, agroindustriales, podría ser vista como “un mal necesario”. Al propietario de un campo, de una fábrica, de una empresa comercializadora o de cualquier otro eslabón de la compleja cadena de prácticas incluidas en la actividad como un todo, nada le caería mejor que poder hacer de lo suyo y con lo suyo, lo que le parezca. Sin embargo, sabe o debería saber que eso no necesariamente redundará en su mejor beneficio y, muy probablemente, tampoco en el de los demás.
En primer lugar, porque se han ido estableciendo reglas estrictamente técnicas que son hoy ineludibles para la obtención de aceptables resultados y por otro lado precisamente porque lo que haga ese particular estará necesariamente encadenado a otras prácticas que potencian la suya o la debilitan o la anulan.
Productividad y competitividad son dos aspectos concurrentes a tener en cuenta pero no los únicos, a menos que –tal la tendencia en los mercados- en el casillero de la competitividad anotemos aquello que concierne al cuidado del ambiente, el trabajo digno, el comercio justo y, especialmente en el caso de los productos alimenticios, la sanidad de lo que se ofrece para consumir. La calidad es hoy, cada vez más, un aspecto sustantivo de la competitividad.
¿Es ese el límite conceptual de lo que podemos incluir en la categoría “buenas prácticas”? En nombre de la “objetividad”, de lo que es controlable según criterios técnicos y científicos (y sociales) para regular una actividad, sin duda decimos sí. Pero a la luz de lo que todavía es posible hacer en materia de productividad, entendida en beneficio de toda una comunidad de eslabones socioeconómicos directa o indirectamente intervinientes, se hace visible otro nivel, también abarcativo, en el que los criterios de “buenas prácticas” se tornan un poco más resbaladizos: las que guíen las acciones coordinadas del conjunto de actores que intervienen en las decisiones necesarias –políticas, empresariales y financieras- para una mayor y más sustentable proyección productiva local.
Tal como lo advertíamos a comienzos de este año, los dos congresos de las dos actividades agroindustriales principales del noroeste argentino (el Congreso Argentino de Citricultura y el Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar) sostenidos en Tucumán durante 2019, nos han dejado en ese sentido el camino marcado: hacia la protección sanitaria y el perfeccionamiento de nuestra producción citrícola y hacia la explotación del potencial agroenergético de la caña de azúcar y su aprovechamiento industrial integral.
Editor Responsable
Septiembre 2019
