Dinámica como es, la realidad ambiental va imponiendo adecuaciones al modo en el que los países administran sus recursos energéticos, orientando hoy en general su voluntad y sus esfuerzos en pos de la “descarbonización” de la atmósfera. Las industrias más directamente vinculadas con el uso de combustibles, como la automotriz, por ejemplo, ya tienen en desarrollo avanzado sus alternativas a los de origen fósil. Los acuerdos internacionales al respecto actualmente vigentes señalarían que la tendencia es irreversible. Lo seguro es que las evidencias climáticas de su necesidad no cesan de aparecer.
La correspondencia entre la emergencia ambiental y el dictado de la nueva ley argentina de biocombustibles, sancionada recientemente en reemplazo de la Ley 26.093, es materia de un debate en cuyos contenidos encontraremos razones para imaginar que estamos frente a un instrumento legítimamente válido, pero quizá no tan definitivo.
Un mal negocio para el país
Opina Claudio Molina[1], en exclusiva para Avance Agroindustrial
La nueva ley de biocombustibles sancionada por el Congreso de la Nación bajo el número 27.640, y en proceso de reglamentación, va en contra de las principales tendencias mundiales.
Se trata de una mala ley que delega en la autoridad de aplicación –la Secretaría de Energía- una gran cantidad de facultad es que pueden ser ejercidas discrecionalmente, y reduce el contenido de biocombustibles en las mezclas con combustibles minerales, directamente para el biodiesel o potencialmente para el bioetanol de maíz.
De la manera en que en un futuro la SE ejerza esas facultades va a depender la evolución de esta industria en Argentina. Si bien improbable visto hoy, un día podría llegar un funcionario en dicha cartera con una mirada moderna, disruptiva, y nos sorprenda revirtiendo para bien la política de biocombustibles en Argentina. Ello también es posible, dado el “cheque en blanco” que le otorgó el Congreso de la Nación a esta área del estado.
Esta nueva ley fue sancionada a las apuradas y poco se vincula con la existencia de un programa energético sustentable. Se gobierna por espasmos y pensando más en la próxima elección, a diferencia de lo que el país necesita: verdaderas políticas de estado. Y así nos va. Por ejemplo, la inversión en términos de PBI llegó a los niveles históricos más bajos de entre todos los históricos conocidos.
La estrategia oficialista fue poner al segmento de la industria nacional de biocombustibles que abastece al mercado interno “contra las cuerdas”, en atención a que el régimen vencía muy pronto. Obtuvo así una minoría de adhesiones que le sirvieron para consolidar su propuesta, funcional a los intereses de los refinadores de petróleo a pesar de que el texto aprobado imposibilita a estos y también a los productores de crudo a producir biocombustibles.
La sanción de la ley ocurrió con muy bajo consenso legislativo, comparado con el obtenido en 2006 para la Ley 26.093, y el contenido de la actual está lejosde ser superador de esta norma.
Difícilmente logre llegar hasta el fin de su vigencia sin que se le introduzcan cambios importantes.
Panorama de la industria sucroalcoholera
Tengo la convicción de que, en algún momento, los actores que dentro de esta industria apoyaron la ley que nos trata van a renegar de haberlo hecho; tomemos en cuenta que ese apoyo hacia adentro de la industria no fue unánime, más allá de lo que parezca. Vale justificar, de todos modos, el actual acompañamiento de la industria en el hecho de que no tenía muchas alternativas, dada la urgencia asociada al inicio de la actual zafra y la falta de otras iniciativas que tuvieran la posibilidad de sustituir a la Ley 26.093.
No se puede soslayar el hecho de que hay actores importantes dentro de esta industria que prefieren volcar sus esfuerzos al negocio del azúcar y que, por lo tanto, no tienen como prioridad lograr un aumento significativo, en términos relativos, de la demanda de bioetanol, hecho que es compatible con la propuesta incluida en la nueva ley.
Como mínimo, con esta norma se abortan las posibilidades de crecimiento, más allá del natural aumento del consumo de naftas en el país, y no se resuelven los problemas asociados a las recurrentes arbitrariedades que se producen en materia de fijación de precios por parte de la Secretaría de Energía, vinculantes para la compraventa de bioetanol destinado al corte obligatorio.
Creo que también se coló en todo este proceso la cuestión de los pro y contra de un eventual avance del cultivo de caña de azúcar transgénica para sostener un avance futuro y masivo de la producción de bioetanol de dicho origen.
Es difícil sostener que el mismo gobierno que gestionó como hasta ahora el Programa Nacional de Biocombustibles realice, como por arte de magia, cambios estructurales en su manera de administrarlo. Por ende, la espada de Damocles seguirá amenazando a todos los productores del sector, más allá del respaldo adicional que implica tener un jefe de gabinete tucumano dentro del gobierno nacional.
Reglamentación de la nueva Ley
La intención del Ejecutivo es emitir un decreto reglamentario “light”, que conforme a algunas entidades que se han sentido muy golpeadas por esta nueva ley y que abra un período de transición de seis meses, para emitir una batería de normas complementarias como las de calidad, precio vinculante de los biocombustibles y otras que quedaron asociadas a la ley anterior y requieren ser actualizadas. Se regulará también el procedimiento que limitará una eventual reducción del contenido de bioetanol de maíz en las naftas, para que ello ocurra solo en casos excepcionales. La intención política es que no se condicionen por vía reglamentaria las fuertes atribuciones que el texto de la ley le brindó a la autoridad de aplicación.
Sin embargo, más allá del texto que se apruebe, todo quedará sujeto a las decisiones que adopte el secretario de Energía de turno. Ergo, no debemos esperar que se construya una buena normativa si la analizamos dentro de un “combo” entre ley, decreto reglamentario y disposiciones complementarias.
Se han creado “muletillas” para sostener todo esto frente a la opinión pública, sobre la base de que se está cuidando el bolsillo de los consumidores. Es una falacia, insostenible toda vez que la inflación “viaja” a más de 50% anual y los salarios han caído a pisos históricos en términos de dólares. El problema, por cierto, no son los biocombustibles.
Reconozco de todos modos como positivo que no haya desaparecido el régimen de biocombustibles en el país, como en su momento ocurrió con el Plan Alconafta.
Participación de la AABH
La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH) no participa del proceso de reglamentación. Al poder ejecutivo no le gusta aceptar y ejecutar consejos de los que piensan distinto, aun en el caso de que se trate de entidades con larga experiencia en el tema que colaboraron activamente con el gobierno de Néstor Kirchner y con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el subsecretario de Agricultura, Javier De Urquiza, para que la Ley 26.093 permitiera que los biocombustibles sean una realidad en Argentina y se construyera desde cero una industria relevante como la que hoy tenemos.
La Ley 26.093 derivaba de un proyecto promovido por el entonces senador Luis A. Falcó (UCR, Río Negro), con el amplio apoyo de 49 senadores al momento de la presentación legislativa.
Lamentablemente, tanto el proceso legislativo como la reglamentación están muy influidos por empresas petroleras, algunas automotrices y funcionarios públicos que ceden a sus presiones.
[1]Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH)
